Friday, June 16, 2006
ARGENTINA Y URUGUAY EN LA CORTE INTERNACIONAL
El gobierno argentino solicitó a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que obligue a Uruguay a paralizar la construcción de las papeleras, que son objeto de disputa entre las dos naciones, entendiendo que es la única forma de preservar sus derechos y proteger el medio ambiente de daños irreparables.
El profesor francés de derecho internacional, Alain Pellet, defendiendo la demanda argentina expresó ante la Corte “Sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable”.
La consejera legal del Ministerio argentino de Asuntos Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, había lamentado ante los jueces que su país haya acudido por primera vez a esta Corte para enfrentarse a otro con el que le unen vínculos históricos, culturales y de amistad. Pero al detallar el caso, censuró repetidas veces la “unilateralidad” con que Uruguay ha decidido, a su juicio, la construcción de las plantas, con la consiguiente violación del tratado bilateral que rige la gestión del Río Uruguay, hito fronterizo sobre cuya ribera uruguaya se ubicarían las fábricas.
Cerutti expresó que el mencionado tratado, el Estatuto del Río Uruguay, de 1.975, impone a cada parte la obligación de notificar previamente a la otra la ejecución de este tipo de proyectos y de escuchar sus posibles observaciones.
Por su parte, el jurista británico Philippe Sands insistió en la idea de que el Estatuto establece un “régimen común” para la explotación del mismo, que obliga a cada una de las partes a notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte la calidad de sus aguas, agregando “Dado que Argentina ha rechazado repetidas veces este proyecto, Uruguay no está legitimado para hacer ninguna obra en absoluto”.
El profesor de la Universidad de Ginebra, Marcelo Kohen, consideró que la suspensión judicial de las obras, es la única posible para preservar los derechos de las partes y la propia competencia de la Corte Internacional en la materia, ya que la construcción definitiva haría el agravio irreversible.
URUGUAY
Los delegados uruguayos aseguraron que el Estatuto del Río Uruguay no tiene mención explícita a un derecho de veto y que la Argentina no tiene “derecho a veto” sobre la autorización y ubicación de las plantas.
El vicepresidente de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, destacó la argumentación sólida y contundente que realizó su país ante la Corte Penal Internacional de La Haya para defender la construcción de dos plantas de celulosa en Fray Bentos.
Afirmó, además, que la línea que delineó el Embajador en Francia, Héctor Gros, fue lo suficientemente contundente como para darle al jurado de la Suprema Corte de La Haya, los elementos necesarios para que tomen una decisión muy favorable al Uruguay.
El presidente uruguayo Tabaré Vásquez está muy preocupado por el futuro de las relaciones entre Argentina y Uruguay luego que termine la instancia judicial iniciada en La Haya.
Una fuente gubernamental expresó que “Vásquez está muy preocupado con el día después”, agregando, que el Presidente uruguayo “quiere recomponer la relación con Argentina”, para lo cual buscará tender puentes.
Aún cuando el Presidente Vásquez no ha dicho nada sobre si participará en la Cumbre del MERCOSUR el próximo mes de julio en Córdoba, Argentina, se da por descontado que lo hará.
LA HAYA
El Tribunal de Justicia dio por concluidas las audiencias en las que Argentina y Uruguay fijaron sus argumentos en contra y a favor, respectivamente, de la proyectada instalación de las plantas de procesamiento de celulosa Botnia y Ence, en Fray Bentos.
Rosalyn Higgins, titular de la Corte, aseguró que el tribunal, que entra en receso el 28 de julio, intentará pronunciarse lo antes posible sobre la solicitud argentina para que se disponga una medida cautelar, informando que , apenas se fije una fecha para la próxima audiencia, se la comunicará a los agentes del gobierno argentino y uruguayo.
Argentina solicitó a la Corte la aplicación de la medida cautelar, basándose en la violación del Estatuto del Río Uruguay por parte del país vecino, con el propósito de que se realicen estudios de impacto ambiental independientes.
